Existe un principio general del Derecho que a la letra dice: “El desconocimiento de la Ley no exime de su cumplimiento”, esto implica una serie de obligaciones contenidas en las diversas leyes que nos apliquen y, a su vez, repercusiones por su incumplimiento.

Lo anterior, aplicado al contexto de las empresas mexicanas resulta algo sumamente riesgoso, pues tomando en cuenta que, de acuerdo con estadísticas del INEGI, más del 90% de las empresas en México son micro, pequeñas y medianas (MiPyMEs), los impactos económicos, legales y reputacionales pueden ser mayores.

Por ejemplo, una empresa que no cuenta con los avisos de privacidad conforme a las leyes aplicables puede ser sancionada con cuantiosas multas. De igual forma, ocurre por ejemplo en materia laboral, cuando no se tienen en orden documentos básicos, tales como contratos, pago de prima vacacional, aguinaldo, capacitación, etc. que pueden traer como consecuencia demandas o sanciones por parte de las autoridades.

Otro claro ejemplo de consecuencias derivadas de la falta de un programa de cumplimiento es poder incurrir en delitos relacionados con actos de corrupción que pueden ser sancionados penalmente e incluso con una inhabilitación como proveedor.

En ese orden de ideas, las leyes mexicanas contemplan obligaciones para las empresas en diversas materias: Fiscal, Penal, Laboral, Protección de Datos Personales, Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Propiedad Intelectual, etc.; todas ellas con repercusiones como multas que pueden llegar a los millones de pesos, suspensión de actividades, cierre de la empresa e incluso prisión para los socios o accionistas y directivos.

Para evitar lo anterior, debemos llevar a cabo un programa de cumplimiento integral, diseñado por especialistas en las distintas ramas del Derecho que le apliquen a cada empresa.

Un programa de cumplimiento implica el diseño de una estrategia, partiendo de una auditoría, una planeación y un seguimiento constante. La mayoría de estos programas, son diseñados bajo la metodología Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA), por lo cual, el seguimiento debe ser constante, ya que, a partir de este se dan parámetros para construir una mejora continua dentro de la organización.

En ese contexto, resulta imposible para un solo abogado, o para un área jurídica interna atender estas responsabilidades, pues aunado a la carga de trabajo que existe para los denominados abogados in-house, el grado de especialización requerido para diseñar, implementar y gestionar un programa de cumplimiento es alto y, en el caso de que una empresa buscara tener un área de cumplimiento, resultaría altamente costoso.

Dentro del contexto mexicano, en la mayoría de los casos, el rol del área de cumplimiento es asumida por el área de administración; sin embargo, no se encuentran asesorados debidamente, lo cual ocasiona que el programa de cumplimiento no cumpla con su objetivo, ya que no se lleva a la práctica o que las medidas implementadas no se adecúen a los riesgos de la empresa.

Lo anterior puede traer consigo sanciones pues, aunque existen medidas de cumplimiento, no se realiza un seguimiento ni evaluación constante, lo cual ocasiona que, cuando se materializa un riesgo, no se tenga capacidad de respuesta y sea necesario acudir a instancias judiciales, cuando pudieron prevenirse a través de un programa de cumplimiento adecuado.

De ahí la importancia de contar con un programa de cumplimiento que, desde una perspectiva de desarrollo, se convierte en un activo intangible, así como un recurso esencial para el crecimiento reputacional, económico y organizacional de cualquier empresa.  

Con ello, se busca generar una sólida estructura de cumplimiento normativo formada por controles y procedimientos que contribuyan a eliminar o reducir riesgos económicos y legales, con las ventajas que esto conlleva para las organizaciones.

Además, a través de un adecuado cumplimiento normativo, se obtienen ventajas competitivas en los negocios, derivado de un comportamiento ético y socialmente responsable, más allá de lo estrictamente jurídico.

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